70 anys d'oblit

España: Víctimas del franquismo y la Guerra Civil.Setenta años de olvido e injusticia
Eva Suárez-Llanos. Amnistía Internacional España

«Tras más de 60 años sin saber nada, hace unos años supe por casualidad a través del reportaje de una revista que mi padre, desaparecido durante la Guerra Civil, está enterrado en una fosa común de un pueblo cercano a Toledo. Quiero recuperar sus restos, pero nadie me ayuda. El ayuntamiento del pueblo dice que no tiene medios para hacerlo. Ahora el gobierno subvenciona a las asociaciones para exhumar fosas, pero yo no tengo ninguna asociación. Soy sólo una hija en busca de los restos de su padre ¿Qué puedo hacer?»

TRAS la publicación el pasado 30 de marzo del informe Víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad, Amnistía Internacional España ha recibido decenas de mensajes como éste. En ocasiones se trata de familiares de personas desaparecidas en busca de sus restos; en otras, de personas que han visto frustrados sus esfuerzos para conocer las circunstancias en las que fueron condenados o perdieron la vida sus familiares. En todos los casos, víctimas que, 70 años después del comienzo de la Guerra Civil española, no han visto reconocidos sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparadas por los daños sufridos.

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Durante la Guerra Civil española (1936-1939) y después bajo el régimen franquista (1939-1975), fueron numerosas las víctimas de graves abusos que, en el momento de ser perpetrados, el derecho internacional prohibía de modo absoluto. Así, estaban reconocidos como crímenes contra el derecho internacional la tortura, las ejecuciones extrajudiciales; los ataques contra la población civil y otros abusos considerados crímenes de guerra; la persecución política, religiosa o racial y otros actos definidos por su naturaleza y gravedad como crímenes contra la humanidad. Concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial ni las víctimas han podido tener acceso a los derechos que les corresponden como víctimas de graves violaciones y abusos de los derechos humanos.

A día de hoy, los restos de decenas de miles de personas permanecen en fosas clandestinas sin haber sido identificados o en lugares desconocidos por sus allegados. Los familiares de quienes fueron condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han podido hasta ahora conseguir la anulación de tales sentencias. La información oficial que pudiera establecer la verdad de lo sucedido, contenida en los numerosos archivos repartidos por todo el Estado español sigue siendo de difícil acceso y, en algunos casos, corre el riesgo de desaparecer.

Ya en julio de 2005, Al hacía público un extenso informe en el que daba cuenta de la deuda pendiente con las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil española y hacía una serie de recomendaciones orientadas a saldarla, pidiendo al gobierno español que fueran tenidas en cuenta en la respuesta que debe dar el Estado, en virtud de sus obligaciones según el derecho internacional, a todas ellas. En septiembre de 2004 el gobierno español creaba una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de estas víctimas que, entre otras tareas, debía elaborar un anteproyecto de ley en el que se regulen las «medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral» a las mismas. Tras numerosos retrasos, este anteproyecto de ley será presentado antes del 30 de junio de 2006, según el compromiso expresado por el presidente Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados.

Al ha realizado un seguimiento de las medidas puestas en marcha desde que hizo público su informe del pasado mes de julio y de la puesta en práctica de las recomendaciones que se hacían en él. La conclusión general es que no ha habido ningún avance sustantivo hacia la reparación de estas víctimas y que la búsqueda de sus derechos continúa siendo una carrera de obstáculos.


EL DESASTRE DE LOS ARCHIVOS

La conservación de los archivos y el acceso a los mismos es un elemento fundamental cuando se trata de reparar los daños sufridos por víctimas de crímenes contra el derecho internacional y establecer la verdad sobre lo sucedido. Cuando se conservan, contienen información esencial para determinar con detalle las circunstancias en las que se llevaron a cabo los crímenes, tanto individual como colectivamente, y son fuente insustituible para la investigación y para certificar, en el caso de las víctimas individuales, las situaciones que hacen acreedoras a ellas o a sus familiares de algún tipo de reparación.

Al ha podido comprobar que no se ha tomado ninguna medida de envergadura para facilitar el acceso a los archivos. Las inadecuadas condiciones de almacenamiento, el deterioro, la ausencia de personal archivero al cargo, la falta de recursos para la catalogación, indización e implantación de sistemas que faciliten el acceso, así como la arbitrariedad en los criterios para autorizar y gestionar las solicitudes, son características comunes de algunos de los archivos más relevantes para las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista.

El informe presentado el pasado 30 de marzo incluye algunos ejemplos que ilustran la situación. Es el caso de los Archivos de Tribunales y Juzgados Militares, que contienen información relativa a los Consejos de Guerra, es decir, de la represión militar a partir del final de la contienda. Parecen generalizadas en todos ellos la ausencia de personal archivero profesional, la tardanza de meses o años en atender las solicitudes, y la arbitrariedad de los criterios para gestionar las mismas. La organización también ha podido constatar criterios dispares para autorizar o no el acceso a los expedientes en Archivos Históricos Provinciales dependientes del mismo gobierno de una Comunidad Autónoma. Otro ejemplo lo constituye el Archivo General de la Guardia Civil, cuyos fondos incluyen un importante fondo gráfico con fotografías de guerrilleros muertos tomadas a efectos de identificación por los propios guardias civiles: la falta de catalogación de los fondos y la aparente falta de información sobre los fondos existentes por parte de quienes atienden las solicitudes resultan una traba constatada por diversos investigadores especializados.

Hay que recordar además que el Estado español ha ofrecido, aunque de forma parcial, algunas compensaciones económicas a estas víctimas. Para poder acceder a ellas es necesario acreditar documentalmente los hechos que dan derecho a percibirlas. Por ejemplo, si se trata de una indemnización por privación de libertad, es necesario acreditar la estancia en un establecimiento penitenciario y la causa de naturaleza política por la que se produjo el ingreso en prisión. El informe de AI expone el caso de cientos de ex presos políticos de Murcia que no han podido acceder a las compensaciones económicas establecidas por el gobierno de esta Comunidad Autónoma por no haber podido obtener del archivo correspondiente copia del manifiesto de sentencia y certificación del tiempo que estuvieron en prisión, debido a la mala conservación y las dificultades para encontrar sus expedientes.

LA PRIVATIZACIÓN DE LA VERDAD

AI ha constatado que no se ha producido ningún avance para que el Estado cumpla con sus obligaciones según el derecho internacional respecto a las personas desaparecidas que permanecen en fosas clandestinas; al contrario, la Orden del Ministerio de la Presidencia dictada en diciembre de 2005 por el gobierno español traslada al ámbito privado lo que debería enmarcarse en un contexto judicial.

La Orden establece subvenciones para «la investigación, exhumación e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o durante la represión política posterior y cuyo paradero se ignore, a cargo de los particulares o agrupaciones de particulares que ostenten interés legítimo». También para la «recopilación de testimonios orales» y la «recopilación de documentación escrita, en versión original o en soporte digital, de documentos relativos a la guerra civil o al franquismo». Así, en opinión de AI, el derecho a conocer la verdad se «privatiza», haciendo responsables a los particulares o a agrupaciones de particulares de obligaciones que competen al Estado en virtud del derecho internacional.

Hasta el momento han sido las asociaciones de víctimas y sus familiares las que han cargado con la responsabilidad de localizar las fosas y los restos, sin apoyo sistemático de las instituciones públicas y topándose con la posterior negativa de las autoridades judiciales a investigar. Con esta Orden seguirán siendo dichas asociaciones, en caso de cumplir los criterios establecidos por ella, las encargadas de llevar a cabo una tarea que compete única y exclusivamente a los órganos judiciales y administrativos del Estado.

SIGUEN SIN ANULARSE LAS CONDENAS INJUSTAS

Hasta la fecha no ha sido adoptada ninguna medida legislativa que pueda facilitar la nulidad de las condenas a muerte dictadas tras juicios injustos. Mientras tanto, quienes han intentado entablar recursos de revisión con vistas a la nulidad de esas sentencias han seguido tropezando con el trámite en jurisdicción militar, que ha sido sistemáticamente contrario.

Al ha podido tener acceso a 46 autos dictados desde el año 2000 por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en los que se pedía la revisión de condenas de muerte dictadas en juicios sumarísimos después de la Guerra Civil. En todos ellos y de manera sistemática el Ministerio Fiscal se ha opuesto a la revisión de los mismos. En los autos examinados se deniega la autorización para entrar en la revisión alegando que el acto jurisdiccional se produjo de conformidad con la legalidad de la normativa vigente en el momento. La organización recuerda que en virtud del derecho internacional, toda violación de derechos humanos genera la obligación de proveer y garantizar un recurso efectivo. El derecho a un recurso ante graves violaciones de derechos humanos es inderogable, especialmente cuando se alega la violación del derecho a la vida.

Por último, AI lamenta en su informe que el gobierno español no haya facilitado información alguna sobre los tres casos de desaparecidos reconocidos por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, tal como le viene requiriendo desde 2003, y que tampoco haya iniciado los trámites para la adhesión de España a la Convención de la ONU sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.